La auditoria de responsabilidad social

La idea de responsabilidad social encuentra acogida sobre todo en las grandes empresas, aunque lo cierto es que todas– públicas, privadas, medianas o pequeñas – admiten prácticas socialmente responsables.

Puede decirse que una empresa socialmente responsable no es ni más ni menos que una empresa sensible a las expectativas sociales y medioambientales de su entorno, que las integra en su día a día, cierto es que sin olvidar que están subordinadas a la función económica esencial de la empresa.

La Comisión Europea ha definido la responsabilidad social de las empresas (RSE) como “la integración voluntaria de las preocupaciones sociales y medioambientales y las relaciones con sus interlocutores”.

El concepto es muy amplio y engloba prácticamente a todas las personas o puntos de relación de la empresa y su entorno. La Responsabilidad Social es el compromiso con, al menos, cuatro stakeholders: accionistas, clientes, empleados y sociedad, aderezado con dosis de transparencia, dependiendo de cómo la ejerza o la aplique, el éxito, la continuidad y su propia continuidad.

La responsabilidad social de las empresas se contempla así en dos vertientes:

1. Por un lado, desde el ámbito interno, se trata de una faceta que afecta a todo lo relacionado con las condiciones de trabajo de los empleados.
2. Por otro, desde el ámbito externo, con aquellas obligaciones que afectan a clientes, consumidores y las llamadas partes interesadas.

La posición del Gobierno parece orientarse hacia articular una norma, sobre la base de que los poderes públicos deben impulsar el establecimiento de las buenas prácticas de responsabilidad social de las empresas que, con formato de ley, establezca un marco jurídico mínimo para las que cotizan en bolsa, con la obligación de trasladar al ámbito de diálogo social una serie de materias relacionadas con la gestión de los recursos humanos, seguridad, salud, medio ambiente y entorno.

Según el proyecto en el que se está trabajando para fijar “el marco jurídico mínimo” de la responsabilidad social de las empresas cotizadas, en la negociación colectiva de las que piensen salir a bolsa o las que soliciten financiación pública cuando las condiciones de los concursos lo especifiquen, deberán tener cabida sus políticas de responsabilidad social corporativa.

Así, la principal obligación consiste en llevar al diálogo social una serie de materias mínimas relacionadas con la gestión de los recursos humanos, salud, seguridad, medio ambiente y relación con el entorno nacional e internacional, con lo que aspectos como la conciliación de la vida familiar o las inversiones socialmente responsables, serán objeto de los futuros Convenios Colectivos.

A través de este mecanismo, se pretende, no solo fomentar la responsabilidad social, sino normalizar esta materia con una serie de indicadores que expondremos a continuación.

Indicadores de recursos humanos

1. Negociación colectiva con la representación legal o sindical. 
2. La práctica efectiva de información y consulta con los empleados. 
3. La adecuada formación y el mantenimiento de empleabilidad. 
4. La conciliación de la vida familiar y social. 
5. La igualdad y no discriminación en la contratación laboral.
6. La duración y la adecuada distribución de la jornada de trabajo. 
7. Los niveles de precariedad en el empleo de los trabajadores.
8. La equidad y transparencia de las políticas salariales aplicadas. 
9. La participación de los trabajadores en los resultados y en la gestión y administración de la empresa. 
10. La existencia o no de sistemas de participación de los trabajadores en el acceso a la titularidad jurídica de la empresa.

Indicadores de seguridad y salud

1. La integración de la prevención de riesgos laborales en el proyecto de gestión de la empresa, mediante:
   1. El análisis de riesgos.
   2. Evaluación de Riesgos Laborales.
   3. La planificación y gestión de los riesgos.
2. La realización de auditorías preventivas. 
3. La siniestralidad laboral efectiva y la evaluación de los índices.

Indicadores de medio ambiente

1. La adhesión de la empresa al sistema comunitario de gestión ambiental y a la Directiva IPPC. 
2. La reducción de gastos energéticos. 
3. La eliminación de residuos. 
4. Respeto a las buenas prácticas medioambientales. 
5. La reducción de la polución acústica en el interior y en el exterior. 
6. La reducción de la contaminación del aire y del suelo. 
7. El almacenamiento, transporte y eliminación de residuos.

Indicadores de entorno

1. Su participación en la cohesión social del territorio. 
2. Aplicación de sus códigos de conducta a los derechos humanos.
3. La aplicación de inversiones socialmente responsables (ISR) y el desarrollo sostenible.
4. La contratación de suministros o la comercialización con empresas de economía sumergida.

Las empresas que apuestan por la Responsabilidad Social dedican esfuerzos en comunicar a la comunidad en la que operan, sus principales actividades desde el punto de vista medioambiental, económico y social, a través de Memorias de desarrollo sostenible.

Toda su actividad social se integra en el informe social, semejante a una auditoría interna, que recoge la misión de la compañía y las directrices de su gobierno corporativo, al tiempo que define los pasos a seguir para alinear las acciones sociales con las prioridades estratégicas, así como las líneas de actuación a medio plazo en el diálogo con sus interlocutores.

Conforme a lo anterior, las compañías deberán publicar, además de las tradicionales memorias anuales, todos estos aspectos en un Balance o Memoria de las medidas de Responsabilidad Social implantadas, que ya están utilizando, de forma voluntaria, muchas empresas cotizadas.

Dicho Balance, deberá contar con el visto bueno del Comité de Empresa y de un certificador auditor externo, pudiéndose obviar esta exigencia cuando la empresa obtenga un certificado nuevo de “Responsabilidad Social”.

Este tipo de informes suelen elaborarse siguiendo las recomendaciones de la Guía Internacional Global Reporting Initiative (GRI) promovida por un grupo de empresas – a través del Word Bussines Council for Sustainable Development – para unificar los criterios sobre su publicación y conseguir una mayor transparencia empresarial.

El desarrollo sostenible es un término acuñado por Naciones Unidas en 1986, con el fin de definir aquellos modelos de desarrollo que satisfacen las necesidades de las generaciones actuales sin poner en peligro el futuro de las generaciones venideras.

Sostenible debe significar crecimiento, pero teniendo en cuenta la responsabilidad social en las comunidades en las que opera la empresa, el empleo eficiente de los recursos, de forma que nuestro impacto sobre el medio ambiente sea aceptable y la creación de riqueza para aquellos que invierten en ella, trabajan o se sirven de nuestros servicios.

Si nos fijamos en la acción social de las empresas españolas, comprobaremos que un buen número de ellas han incorporado a su estrategia general de negocio los denominados Programas, Planes o Fondos de Acción Social. Sobre todo las Compañías que se han internacionalizado, entienden que no pueden permanecer insensibles ante lo que pasa en las sociedades o comunidades en las que tienen presencia.

El modelo seguido para el desarrollo de una acción social allí donde ha encontrado interés, suele ser análogo al que se utiliza para gestionar una compañía, ya que debe gestionarse como un plan de negocio al existir una identidad o al menos una semejanza en sus instrumentos; así por ejemplo, aparecen unos criterios para elaborar y establecer un presupuesto, una gestión, para medir resultados, etc. A ello ayuda la creación de Comités ad hoc, conocidos como Comités de Acción Social o de Protección Social, que cuidan de elaborar y seguir el plan hasta su definitiva aprobación.

Los proyectos de Planes de Acción Social, pueden surgir tanto del propio Comité de Dirección como de los empleados que colaboren, por ejemplo, a través de buzones de sugerencias, correspondiendo a la Dirección canalizar este tipo de iniciativas para que puedan llevarse a cabo de una manera organizada.

Sin ningún género de dudas, a la expansión de este tipo de sensibilidad ha contribuido la iniciativa puesta en marcha por las Naciones Unidas en julio de 2000 y ya anunciada por K. Annan el 31 de enero de 1999 durante el Foro Económico de Davos (Suiza), conocida como Pacto Mundial (Global Compact).

Dicha iniciativa tiene como objetivo, que empresas, asociaciones internacionales de trabajadores, organizaciones no gubernamentales y otras instituciones y entidades, se comprometan a adoptar, apoyar y promulgar una serie de principios básicos universales relacionados con las normas laborales, el medio ambiente y la lucha contra la corrupción y el soborno.

Derechos humanos

1. Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos, proclamados en el ámbito internacional.
2. Evitar verse involucradas en abusos de derechos humanos.

Normas laborales

1. Las empresas deben respetar la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho da la negociación colectiva.
2. La eliminación de todas las formas de trabajo forzoso y obligatorio.
3. La abolición efectiva del trabajo infantil.
4. La eliminación de la discriminación respecto del empleo y la ocupación.

Medio ambiente

1. Las empresas deben apoyar la aplicación de un criterio de precaución respecto de los problemas ambientales. 
2. Adoptar iniciativas para promover una mayor responsabilidad ambiental.
3. Alentar el desarrollo y la difusión de tecnologías inocuas para el medio ambiente.

Gobernabilidad

1. Trabajar juntos contra la corrupción en todas sus formas, incluyendo la extorsión y el soborno.

Inicialmente, integraban el Pacto Mundial nueve principios, habiéndose añadido posteriormente el relativo a la gobernabilidad, que se presentó aprovechándose un encuentro de Annan en Nueva York con 400 líderes empresariales, en el que animó a los presentes a luchar por un mundo más estable.

Las empresas y organizaciones que se adhieren al pacto, - además de que suelen tener en común que todas ellas son líderes y a su vez aspiran a un crecimiento mundial responsable, - se comprometen a hacer una declaración de apoyo al Pacto y a propiciarlo mediante acciones.

Tales como: 

1. Informar a los empleados, accionistas, clientes y proveedores. 
2. Integrar el Pacto y los Principios en los programas de Formación. 
3. Incorporar los Principios en la declaración de la Misión. 
4. Reflejar la adhesión al Pacto en el Informe Anual de la empresa. 
5. Hacer comunicados de empresa para dar a conocer el Pacto. 
6. Presentar una vez al año un ejemplo concreto de los avances y la experiencia en la ejecución de, al menos, un Principio.

Con fundamento en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas algunas entidades financieras han puesto en marcha una serie de medidas, endureciendo los requisitos de información a la hora de conceder créditos o financiar proyectos, exigiendo a los solicitantes la presentación de autorizaciones administrativas, memorias y protocolos internos medioambientales, seguros, etc.