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El Derecho Medio Ambiental Internacional

El Derecho Medio Ambiental Internacional

“Desde hace más de un siglo, existen instrumentos legales para defender el medio ambiente y el entorno en que vivimos. En los últimos años, estos instrumentos se han multiplicado. El derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo, son preceptos constitucionales. Las leyes, decretos, reglamentos, ordenanzas… que los desarrollan son innumerables.”

Recomendación leer: 

Represión penal. El ordenamiento penal español, al amparo de lo establecido en el art. 45.3 de la CE, prevé que, además de toda regulación y sanciones administrativas, la protección del medio ambiente se dé también en las instancias penales. Así, la regulación penal española comprende bajo su protección una visión amplia de lo que es el ambiente realmente. Los daños causados a elementos como los recursos naturales silvestres, la fauna, la flora… podrían ser sancionados por la vía penal.

De la misma forma ocurre con otros elementos afines o colindantes que no siendo medio ambiente, sin embargo, cualquier afectación o daño a los mismos podría trascender a este. Es el caso de los delitos relativos a ciertos riesgos catastróficos, como los escapes radiactivos, los incendios o la ordenación del territorio.

Sin embargo, la represión penal de los delitos contra el medio ambiente encuentra dificultades de aplicación en lo que respecta a la necesidad de acreditar las relaciones

causa-efecto y la gravedad del daño. En este sentido, las características reales del daño ambiental se miden en función de los efectos locales y no se tienen en cuenta la trascendencia, extraterritorial o a lo largo del tiempo. Por otra parte, es necesario señalar que el resultado que se persigue con las sanciones penales es legítimo en principio, ya que su fin último no es otro que impedir la alteración de las condiciones de vida de todos los seres.

La tutela mediante represión penal de los daños causados al medio ambiente es imprescindible, sobre todo por los efectos disuasorios ante conductas ambientalmente indeseables. Sin embargo, a lo largo del proceso, tal como está estructurado en la actualidad, se encuentran una serie de obstáculos originados por las siguientes circunstancias:

  • Reenvío a la legislación administrativa. Los dogmas y principios empleados para juzgar por la vía penal un daño al medio ambiente se encuentran, en la mayoría de los casos, incluidos en la legislación administrativa. Esto no puede ser, en principio, de otro modo puesto que si no habría que introducir en el Código Penal centenares de páginas. Sin embargo, esto trasciende a la necesidad del juez penal, de preparación para tener una mínima base científica de conocimientos.
  • Inseguridad en cuanto a la cadena causal. No es fácil acreditar la autoría, sobre todo si existen varios focos. Esto podría ocurrir en una zona industrial donde confluyen varias instalaciones en un mismo territorio, una bahía por la que transitan barcos habitualmente o un río al que vierten varias empresas.
  • Exigencia de la gravedad de resultados. Se trata de un concepto jurídicamente indeterminado y que debe valorarse en base a criterios cuantificables. Además, deben incluirse la temporalidad, el alcance territorial, la posible sinergia o la acumulación de efectos, magnitudes económicas, ecológicas, sociales, etc. en el proceso de valoración.
  • Exclusión de la potencialidad. La represión penal se basa en las consecuencias reales de conductas tipificadas en el Código Civil. Esto se traduce en que no se tienen en cuenta actuaciones negligentes que potencialmente pueden tener como consecuencia un desastre o un daño ambiental. Un ejemplo de esto es la negligencia cometida durante la supervisión de la central nuclear de Chernobyl o el transporte de residuos peligrosos sin las debidas precauciones.

Todo ello resulta en que la vía penal no suele tener mucho éxito, sin embargo, si bien los supuestos de aplicación son limitados, los efectos de la represión penal en lo que respecta a la disuasión de conductas inadecuadas son inestimables.

Protección jurisdiccional. Intereses difusos. El carácter de bien común inherente al concepto medio ambiente choca con los mecanismos que ostentan el poder para velar por la aplicación de la ley, los cuales se enfocan, principalmente, a velar para que no se lesionen los derechos de los particulares o se infrinjan por estos el ordenamiento ambiental.

El Derecho Civil no presenta problemas para solicitar compensaciones o limitaciones a conductas que afecten a la esfera de los derechos privados, ya sea de un individuo o de una asociación o grupo de personas. Por esta vía, se pueden reclamar, por ejemplo, la paralización de una actividad perjudicial o la asignación de compensaciones por daños patrimoniales o sanitarios.

El problema surge cuando lo que se pretende defender son intereses que comparten una colectividad inespecífica sobre el correcto funcionamiento de los sistemas ambientales. En la mayoría de los casos, esto no es evaluable económicamente y las ventajas que se pretenden conseguir no van asociadas a ninguna entidad concreta.

No es misión de los ciudadanos velar por el funcionamiento correcto del Estado de Derecho, para esto está el Parlamento, la Administración y los tribunales. Además, la asignación de una posibilidad de acción a los ciudadanos podría producir avalanchas de recursos que paralizarían los tribunales, como ocurrió en Alemania, donde se plantearon miles de recursos por los opositores a la construcción de un nuevo aeropuerto.

La solución viene a través de la creación de mecanismos legales que permitan y reconozcan la acción popular en campos restringidos. Pero la fórmula más satisfactoria, que ha sido adoptada en algunas naciones, es la legitimación procesal ambiental o ecológica solo a grupos creados para a la defensa de los intereses ambientales.

Así, el derecho popular a ejercitar el mecanismo de denuncia −en virtud del cual el particular se limita a informar de una supuesta infracción ambiental−, realizado por una asociación, no debe ser un derecho absoluto sin ningún tipo de límites.

Para que una asociación o agrupación de individuos esté legitimada para ejercitar el derecho de protección ambiental, debe ostentar dos requisitos sin los cuales no debería tener tal facultad a efectos de no crear inseguridad jurídica. Estos requisitos imprescindibles son: interés estatutario y habilitación legal.

Para que una asociación de individuos pueda defender los intereses difusos del conjunto de la humanidad, en lo que a protección ambiental se refiere, debe incluir la defensa del medio ambiente en sus estatutos.

Finalmente, se establezca legalmente, o no, la legitimación procesal de base asociativa, es improbable que personas aisladas tomen iniciativas y afronten tanto las amplias dilaciones de los trámites procesales como los costos asociados a los mismos.

En España, la Ley de Bases de Régimen Local de 1985, reconoce a todos los vecinos la posibilidad de reaccionar ante la pasividad de la administración municipal en el ejercicio de sus competencias.

Técnicas de mercado. La relación entre la protección al medio ambiente y las técnicas empleadas por las empresas para posicionarse o intervenir en un mercado concreto se fundamentan principalmente en la estructura de costes y en aspectos relacionados con la imagen y el marketing.

En la mayoría de los casos, una instalación producirá más contaminación cuanto más abarate los costes de producción. Este proceso en el que se externalizan los costes ambientales, es decir, se transfiere el pago de estos costes a terceros que no guardan relación con el fin lucrativo de la instalación, se suele regular mediante la imposición de gravámenes, impuestos o tasas: los llamados impuestos verdes.

Por ejemplo, en algunas naciones del norte de Europa, los industriales o las empresas energéticas son libres para emplear el combustible que deseen en su proceso productivo; sin embargo, deben asumir que los impuestos que pagarán están asociados a las cargas ambientales. Se trata una intervención de la Administración para equilibrar los costes impidiendo que técnicas de producción a priori más baratas y más contaminantes supongan una opción atractiva o rentable.

Otra técnica empleada es la creación de mercados en los que se comercia con derechos a contaminar o con créditos ambientales. Este mecanismo se basa en la asignación de cuotas a las diferentes instalaciones o empresas cuyos procesos productivos son contaminantes. Estas empresas disponen de una cantidad fijada para emitir determinadas sustancias a la atmósfera, verter al agua o generar residuos de forma que, si consiguen reducir su carga contaminante, pueden vender el derecho a contaminar sobrante que tengan concedido. Ejemplos de esto son el mercado de carbono, el mercado americano de bancos de contaminación o el sistema creado en

España por la Ley 21/20103, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, de bancos de conservación de la naturaleza.

Sin embargo, esta no es una solución ideal, puesto que lo que pretende no es prevenir o reducir la contaminación, sino transferirla.

Otras medidas de prevención ambiental que influyen en las técnicas de mercado son las ecoetiquetas o ecoauditorías. Estos productos se relacionan con el marketing o la imagen de la empresa, puesto que no pretenden una actuación sobre la estructura de costes, sino una acción sobre la demanda.

Este es un sector amplio y variado que abarca distintos alcances, desde el más global de la Responsabilidad Social Corporativa (Global Reporting Initiative), hasta la ecoetiqueta de producto, pasando por la implantación de sistemas de gestión del medio ambiente (ISO 14001, EMAS) y medidas sectoriales (la llave verde en turismo).

El fin de estos productos es informar o alertar al consumidor final sobre las ventajas del bien o servicio que ostenta la ecoetiqueta sobre cualquier otro semejante a él. Informa sobre el buen comportamiento ambiental de la empresa que lo produce, inclinando con ello a la decisión del consumidor final hacia aquel con más ventajas ambientales.

Finalmente, el intervencionismo estatal en la regulación del mercado puede venir no solo por la vía fiscal (ecoimpuestos), sino también mediante la aplicación de dos mecanismos de diferente signo. Con signo negativo, la imposición del establecimiento de fianzas o seguros obligatorios y con signo positivo la dotación de mecanismos de estímulo. Los primeros se aplican a entidades que potencialmente puedan causar un daño al medio ambiente, mientras que los segundos apoyarían económicamente, desde la Administración, a empresas que decidan mejorar voluntariamente el desempeño ambiental de sus procesos.

Continuación...

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