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Aspectos a tener en cuenta en el Derecho Ambiental

Aspectos a tener en cuenta en el Derecho Ambiental

“Desde hace más de un siglo, existen instrumentos legales para defender el medio ambiente y el entorno en que vivimos. En los últimos años, estos instrumentos se han multiplicado. El derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo, son preceptos constitucionales. Las leyes, decretos, reglamentos, ordenanzas… que los desarrollan son innumerables.”

Recomendación leer: 

Vínculos del Derecho Ambiental

Dentro de su carácter multidisciplinar, el Derecho Ambiental integra cuestiones administrativas, responsabilidad compartida, tutela sanitaria, política industrial, defensa de la propiedad, represión penal, protección jurisdiccional de intereses difusos y técnicas de mercado, entre otros.

Queda, por tanto, evidenciado el hecho de la necesidad de integración del elemento medio ambiente en el proceso de creación de normas o leyes sectoriales, de políticas, de planes o de programas.

La protección del medio ambiente ya no se entiende como un lujo o un capricho, sino que se ha convertido en una de las claves para asegurar el desarrollo futuro y la permanencia de la sociedad. Se trata de proteger un bien común ligado indisolublemente a la supervivencia y al desarrollo de la humanidad a medio y largo plazo. Además, se constituye como una demanda social por sus vínculos en cuanto a derechos individuales, como la salud y la calidad de vida. De esta forma, el elemento medioambiental se ha convertido en un denominador común en políticas de temas que, a primera vista, podrían parecer ajenos a la protección ambiental.

1. Intervenciones administrativas. La regulación medioambiental recoge valores colectivos siempre. Es, por tanto, lógico que la articulación de instrumentos, políticas y demás elementos y mecanismos de tutela y protección se encuentren a cargo de las Administraciones Públicas encargadas de velar por los intereses de la comunidad. Estas administraciones tienen diferentes instrumentos de intervención en pos de su cometido en cuanto a protección ambiental, de los cuales el más conocido son la intervención mediante regulación (creación de leyes y normas ambientales), el régimen de autorización/concesión o la estimulación de conductas y procesos específicos.

El conjunto de leyes de protección ambiental es cambiante, dinámico, con un componente técnico-científico, transitorio, etc. Así, las normas ambientales se derogan y sustituyen a un ritmo acelerado a medida que progresan los conocimientos técnicos para evitar o corregir la contaminación y, sobre todo, por el impulso que suponen los avances de concienciación social en estos temas. El papel de las Administraciones Públicas, más allá de la actividad legislativa, es aplicar y hacer cumplir lo establecido legalmente.

Otro elemento de control es el establecimiento de un régimen de autorización que permita controlar a aquellas actividades que, por su naturaleza, sean potencialmente contaminantes o nocivas para el medio ambiente. Además, una vez concedidas estas autorizaciones, no termina el papel de la Administración, puesto que esta debe velar por el cumplimiento de las condiciones establecidas en las autorizaciones y sancionar, o multar, llegando incluso al cierre de las instalaciones en caso de incumplimiento. En este caso, la Administración debe reprimir las conductas que no se adecúan a los condicionados establecidos y, en caso de que se llegue a producir el daño ambiental, obligar a resarcir los daños causados −por ejemplo, mediante establecimiento de fianzas o seguros de responsabilidad−.

La parte de actuación positiva de la Administración se centra en la creación de estímulos. Existen medidas, como las ayudas a industrias antiguas para que actualicen y adecúen su maquinaria, las ayudas a particulares para la implantación en sus domicilios de instalaciones de energías renovables… Este tipo de actuaciones administrativas entra dentro del paquete de “estímulos”, como también lo serían la inversión en investigación e incorporación de avances científicos y tecnológicos, provechosos para el medio ambiente.

Vínculo: Derecho Ambiental - intervención administrativa:

  • El conjunto de normas es creado por Administraciones Públicas en base al carácter de “bien común” del medio ambiente.
  • Actuación preventiva de la Administración (creación de leyes y concesión de autorizaciones).
  • Actuación sancionadora y reparadora de la Administración ante incumplimientos.
  • Actuación positiva de la Administración mediante concesión de estímulos.

2. Responsabilidad. El concepto de responsabilidad por daños ambientales ha sufrido una evolución en los últimos años y esto ha influido en el tratamiento que se hace del principio de “quien contamina paga”. La jurisprudencia internacional ha ampliado los supuestos de responsabilidad objetiva a consecuencia de la introducción de la técnica de análisis de riesgos en el entorno industrial.

Este procedimiento de análisis de riesgos, y el hecho de que se tengan en cuenta los resultados obtenidos para establecer la responsabilidad objetiva de aquel que potencialmente puede causar daños al medio ambiente, encaja a la perfección en el ámbito del Derecho Ambiental.

En la CE, se incluye la obligación de reparar el daño causado (art. 45.3). Por su parte, la legislación sectorial ha recibido este cambio de criterio (la legislación nuclear, la de residuos tóxicos y peligrosos, etc.) y ha incorporado entre sus mandatos la adopción de medidas como el establecimiento de garantías financieras o de seguros de responsabilidad civil.

Otra herramienta para que aquel que contamina pague es la asignación de impuestos a determinadas actividades en función de su carácter más o menos contaminante.

Además, en los últimos tiempos, se ha asociado el monto recaudado mediante estos ecotributos a la financiación de la disposición de residuos (mediante eliminación o aprovechamiento) y otras actuaciones de gestión ambiental.

En el caso extremo de que las medidas de prevención hayan sido infructuosas y se haya producido un daño al medio ambiente, el causante del mencionado daño debe hacerse cargo responsablemente de su correcta reparación y devolución a su estado inicial. Esta reparación no es posible en ocasiones, en cuyo caso el causante deberá abonar su montante económico, lo cual no siempre es evaluable de forma sencilla.

En cualquier caso, al menos, deberían satisfacerse los gastos que hubiera implicado la adopción de medidas para la prevención del riesgo (por ejemplo, la construcción de una depuradora o la implementación de un sistema de gestión de residuos peligrosos).

3. Tutela sanitaria. La relación entre la protección de la salud y la protección del medio ambiente es evidente. Ya en el siglo XIX existían evidencias científicas de las repercusiones que para la salud pública tenía el surgimiento de grandes aglomeraciones industriales carentes de saneamiento y aprovisionamiento de agua potable. Esto desembocó en epidemias que pusieron en peligro no solo a la clase trabajadora con menos recursos y más expuesta, sino también a los miembros de las burguesías urbanas que habían impulsado el proceso industrializador.

Los aspectos relacionados con la tutela sanitaria se han constituido a lo largo de la historia como justificantes de la intervención ambiental en épocas en las que la intervención ambiental por sí misma no era suficiente justificación para la emisión de una ley o norma.

Las consideraciones sanitarias son básicas en lo que respecta a muchos instrumentos de protección y o gestión ambiental. De esta forma, se fijan estándares y limitaciones que tienen muy en cuenta las consecuencias que tienen las emisiones de contaminantes a las aguas o a la atmósfera para la vida humana.

Desde el punto de vista de la inmisión, la consideración de criterios sanitarios permite adoptar, por ejemplo, objetivos de calidad atmosférica o acústica, o las características que deben reunir las aguas de baño o las destinadas al consumo humano.

4. Política industrial. El Derecho Ambiental pretende controlar, entre otras actividades, aquellas de carácter industrial. Estas intervenciones se basan en los principios de prevención y de quien contamina paga.

El medio ambiente es considerado un “bien común” y, como tal, es responsabilidad de las Administraciones y poderes públicos velar por su conservación y reparación en caso de daño. En consecuencia, toda actividad industrial potencialmente contaminante en cualquiera de sus aspectos ambientales (vertidos, emisiones a la atmósfera, residuos, contaminación de suelos y aguas subterráneas, ruido, contaminación lumínica, etc.) se encuentra sujeta a un control establecido y regulado por normas de carácter ambiental.

La política establecida por las Administraciones en lo referente al desarrollo de la industria en una región concreta, o en el conjunto del Estado, está condicionada, por tanto, no solo por elementos técnicos y económicos, sino también por aspectos medioambientales.

5. Defensa de la propiedad. Ya en el Derecho Romano se regulaban las actuaciones que potencialmente pudieran causar un daño en la propiedad de algún sujeto. Se vetaban las “injerencias ilegítimas en predios contiguos”; por ejemplo, se tenían en cuenta y se regulaban las emisiones de humos y otras molestias que el agraviado no debía soportar.

Los códigos civiles de muchos países siguen este modelo romano que permite reaccionar contra las intrusiones. Por ejemplo, en la era industrial, aparece un precepto que contempla expresamente las vecindades industriales. Así el Código Civil español, en su art. 590 establece la prohibición de construir, cerca pozos, cloacas, hornos, fraguas, chimeneas, etc. de una pared medianera ajena, ya que, por sí mismos o por sus productos, podrían ser nocivos y peligrosos.

Además de las cuestiones de vecindad, el Código Civil recoge superficialmente las consecuencias de la contaminación, haciendo responder a los propietarios de los daños causados por humos excesivos que sean nocivos a las personas o al as propiedades.

La influencia fundamental del Derecho Civil en el Derecho Ambiental se encuentra en lo relativo a las obligaciones que nacen de la culpa o la negligencia. Sobre esta base, se ha instrumentado la solución a multitud de conflictos originados por los daños en la propiedad privada que han sido consecuencia de la contaminación (por ejemplo, del agua o del aire).

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