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Objetivos de la directiva en la evaluación ambiental estratégica

Objetivos de la directiva en la evaluación ambiental estratégica

 “El desarrollo sostenible no debe concebirse como una meta a alcanzar, sino como un conjunto de condiciones que deben ser respetadas en las decisiones sobre las transformaciones del planeta.”

Recomendación leer:

Objetivos de la directiva

Artículo 1

La presente directiva tiene por objeto conseguir un elevado nivel de protección del medio ambiente y contribuir a la integración de aspectos medioambientales en la preparación y adopción de planes y programas con el fin de promover un desarrollo sostenible, garantizando la realización, de conformidad con las disposiciones de la presente directiva, de una evaluación medioambiental de determinados planes y programas que puedan tener efectos significativos en el medio ambiente.

El art. 1 establece dos objetivos para la realización de una evaluación medioambiental de conformidad con la directiva:

  • Conseguir un elevado nivel de protección del medio ambiente.
  • Contribuir a la integración de aspectos medioambientales en la preparación y adopción de planes y programas con el fin de promover un desarrollo sostenible.

Estos objetivos conectan la directiva con los objetivos generales de la política de medio ambiente de la Comunidad, conforme a lo establecido en el Tratado CEE. Según el art. 6 del Tratado:

Las exigencias de la protección del medio ambiente deberán integrarse en la definición y en la realización de las políticas y acciones de la Comunidad, en particular con objeto de fomentar un desarrollo sostenible.”

El art. 1 se debe leer en combinación con los considerandos de la directiva, en particular los considerandos 4, 5 y 6, en los que también se describen los fines de esta:

  • Garantizar que se tendrán en cuenta durante la preparación, y antes de su adopción, esas repercusiones al elaborarse tales planes y programas.
  • Redundar en beneficio de los medios empresariales, ya que se creará un marco más coherente en el que podrán desempeñar sus actividades mediante la inclusión de la pertinente información medioambiental en el proceso de toma de decisiones. La inclusión de una serie de factores más amplia en el marco del proceso de toma de decisiones debe contribuir a encontrar unas soluciones más sostenibles y eficaces.
  • Contener unos requisitos de procedimientos comunes, necesarios para contribuir a un elevado nivel de protección del medio ambiente.

Ámbito de aplicación

El espacio de aplicación de la directiva 2001/42/CE, referente a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, para la Directiva 2001/42/ CE ha de ser objeto de evaluación los planes y programas, así como sus modificaciones, que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente. Se entienden incluidos los planes y programas:

  • Que se elaboren con respecto a la agricultura, la silvicultura, la pesca, la energía, la industria, el transporte, la gestión de residuos, la gestión de recursos hídricos, las telecomunicaciones, el turismo, la ordenación del territorio urbano y rural o la utilización del suelo y que establezcan el marco para la autorización en el futuro de proyectos enumerados en la normativa comunitaria sobre evaluación de impacto ambiental de proyectos (anexos I y II de la Directiva 85/337/CEE).
  • Que, atendiendo al efecto probable, se haya establecido que requieren una evaluación conforme a lo dispuesto en la Directiva 92/43/CEE, de hábitats, por afectar a zonas que forman parte de la Red Natura 2000 (sean zonas de especial protección de aves —ZEPA—, lugares de importancia comunitaria —LIC— o zonas de especial conservación —ZEC—).

El régimen comunitario de evaluación de planes se basa, por lo tanto, en los posibles efectos ambientalmente reveladores de los planes (no sobre su incidencia territorial), en un amplio número de materias (y no solo en relación a los planes de ordenación del territorio urbano y rural o de utilización del suelo), siempre que el plan constituya el marco en el que se va a establecer un proyecto sometido o que pueda someterse a EIA. A ello se añade la necesidad de evaluar los planes con posibles afecciones a la Red Natura 2000.

Aun así, la Directiva 2001/42/CE excepciona de la aplicación del procedimiento evaluatorio ciertas clases de planes: tanto a los que tengan como único objetivo el servir los intereses de defensa nacional y casos de emergencia civil como a los de tipo financiero o presupuestario.

También se establecen determinadas excepciones respecto a los planes y programas cofinanciados por la propia CE.

En ciertos supuestos, la normativa comunitaria permite que sea la autoridad ambiental competente la que determine la necesidad de evaluación ambiental del plan si considera la probabilidad de que tenga efectos significativos en el medio ambiente. Se trata de planes que establezcan el uso de zonas pequeñas a nivel local, o de la introducción de modificaciones menores en cualquiera de los planes sujetos, o de planes y programas distintos de los que cumplan las exigencias del art. 2 de la Directiva 2001/42/CE (por ejemplo, la elaboración de un plan que no sea exigido por norma alguna). En estos casos, el estudio podrá ser, bien caso por caso, bien especificando tipos de planes y programas, o combinando ambos métodos (teniendo en cuenta los criterios pertinentes que establece el propio anexo II de la Directiva 2001/42/CE).

Indicaciones para la trasposición

De forma muy sintética, las recomendaciones para la transposición se refieren a las cuatro grandes temáticas siguientes:

  1. Que los principios generales para la garantía que los planes y programas, así como sus modificaciones, consigan resultados óptimos desde un punto de vista ambiental y de desarrollo del trabajo en red entre administraciones. Estos principios deben ser integrados en los preámbulos y, sobretodo, en el primer bloque de los objetivos y de los criterios generales del articulado normativo de adaptación en cada uno de los Estados. Las Regiones consideran la EAE como un proceso para integrar plenamente en los procedimientos actuales de elaboración, adopción, aprobación y ejecución de los planos y programas.
  1. El ámbito de aplicación que debe concretar, en cada Estado o región, qué planes o programas, diferentes de los obligatorios de la directiva, pueden ser sometidos al procedimiento de evaluación ambiental y con qué reglas. El criterio interpretativo propuesto por las regiones es que ningún plan o programa que pueda tener efectos significativos sobre el medio ambiente pueda ser excluido de la evaluación ambiental. En consecuencia, las regiones sugieren aplicar a los planes y programas en los que la directiva no determina claramente la obligación de evaluación ambiental la combinación de los dos instrumentos, comprobación de exclusión (screening) y la lista predeterminada, desarrollando al máximo la definición de la lista para reducir el margen de discrecionalidad.
  1. El procedimiento administrativo que debe adaptar a la realidad administrativa de cada Estado o región el procedimiento general de evaluación que propone la directiva. Según las regiones, el procedimiento administrativo puede ser definido a partir de la identificación de las funciones de los diferentes agentes que estructuran el procedimiento de planificación:
  • La autoridad competente para redactar, aprobar y ejecutar el P y P.
  • La autoridad responsable de la coordinación ambiental.
  • La autoridad responsable de la información y participación.
  • El público interesado en el plan.

El procedimiento administrativo de la evaluación ambiental propuesto por las regiones se articula en las siguientes fases:

  • Orientación e inicio. Define las orientaciones iniciales del plan o programa sobre la base de una evaluación inicial de sostenibilidad; la comprobación de exclusión (screening) y la definición del ámbito de influencia (scoping) para los planes no obligados por la evaluación ambiental y un primer análisis de la sostenibilidad ambiental de las orientaciones iniciales.
  • Elaboración y redacción. Comprende la definición del ámbito de influencia del plan o programa, y los correspondientes análisis del contexto, la formulación de los objetivos generales y específicos, la construcción del escenario de referencia, la comprobación de coherencia externa e interna, el análisis de los detalles, la definición de las líneas de acción, el proceso de evaluación para la selección de la alternativa del plan más favorable... Se concluye con la redacción del informe ambiental.
  • Consulta, adopción y aprobación. Comprende la consulta de la autoridad competente y del público sobre la propuesta del plan o programa y sobre el informe ambiental, el itinerario de adopción y aprobación, con la valoración de las eventuales modificaciones de los contenidos, y la información sobre las decisiones tomadas y sobre otras motivaciones.
  • Actuación y gestión. Comprende la actuación del plan o programa, el monitoreo y la evaluación periódica de los efectos. Puede comportar desde acciones correctivas de los efectos indeseables hasta la posible reorientación del plan o programa.
  1. Los contenidos del informe ambiental que debe acompañar todo plan o programa sometidos a evaluación ambiental. Las normas de transposición deberán dar indicaciones sobre el contenido y la metodología del informe ambiental. En cualquier caso, el informe ambiental del plan debería contener la descripción de todos los pasos, las metodologías utilizadas y las elecciones relevantes que se hayan llevado a cabo durante el proceso de elaboración y de evaluación ambiental del plan o programa. Esto comprende la definición de las alternativas razonables, la descripción y evaluación comparada de sus efectos significativos sobre el medio ambiente y una síntesis no técnica, que describa claramente los resultados ambientales del plan o programa y que sea comprensible para el público inexperto.

La situación actual, a modo de conclusión, es que la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente (BOE núm. 102, de 29 de abril de 2006) reguló la aplicación de la EAE en su transposición al ordenamiento jurídico español. Esta ley ha sido derogada por la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental (BOE núm. 296, de 11 de diciembre de 2013), vigente desde el 12 de diciembre de 2013. La EAE está definida en el título II, capítulo I de dicha ley.

Continuación...

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