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Las funciones públicas en la LPRL

Las funciones públicas en la LPRL

 La Ley 31/1995, de PRL, supone un importante cambio con respecto a la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 1971. Los principios básicos sobre los que se sustenta esta reforma son: prevención, responsabilidad empresarial y participación de los trabajadores. Estos determinan una nueva distribución y relaciones entre las tareas de cada uno de los sujetos implicados.

El nuevo enfoque que le da la LPRL a la seguridad y salud en el trabajo supone la sustitución de las funciones reparadoras o de mera protección de los trabajadores hacia el estudio, erradicación y control de las condiciones generadoras del daño. Se pasa del predominio de un enfoque individual del problema (la seguridad del trabajador) a otro donde prima lo colectivo, las condiciones de trabajo y los factores de riesgo identificables en el marco de la empresa que afectan a todos los trabajadores en general.

La empresa es el lugar donde el trabajador, en el ejercicio de su tarea, se expone a agresiones de todo tipo para su salud. Por ello, el empresario es el principal responsable de la política de prevención, ya que, aunque otros sujetos intervengan, presionen o exijan, su decisión es fundamental para cambiar las condiciones de trabajo que se presuman peligrosas.

Son dos los sujetos principales de la prevención: empresario y trabajador. Esto no quiere decir que los poderes públicos se abstengan del compromiso que tienen como garantes de los bienes públicos sino que, al contrario, la efectividad de su actuación implica apoyar pero no suplir las tareas de empresarios y trabajadores.

La LPRL atribuye las tareas fundamentales de la seguridad y salud a los miembros de la empresa. No obstante, estos, para ser eficaces en esa labor, requieren cada vez más conocimientos técnicos, dada la creciente complejidad de los sistemas productivos. Esto exige una labor constante de investigación, formación, divulgación y asesoramiento, lo que constituye una tarea (actualmente, la más prioritaria) de los poderes públicos.

La LPRL, en su art. 7, establece las actuaciones de la Administración Pública competente en materia laboral y dice que esta desarrollará funciones de promoción de la prevención, asesoramiento técnico, vigilancia y control del cumplimiento por los sujetos comprendidos en su ámbito de aplicación de la normativa de PRL y sancionará las infracciones a dicha normativa.

Son los siguientes términos:

  1. Promoviendo la prevención y el asesoramiento a desarrollar por los órganos técnicos en materia preventiva, incluidas asistencia y cooperación técnica, información, divulgación, formación e investigación en materia preventiva, así como el seguimiento de las actuaciones preventivas que se realicen en las empresas para la consecución de los objetivos previstos en esta ley.

  2. Velando por el cumplimiento de la normativa sobre PRL mediante las actuaciones de vigilancia y control. A estos efectos, prestarán el asesoramiento y la asistencia técnica necesarios para el mejor cumplimiento de dicha normativa y desarrollarán programas específicos dirigidos a lograr una mayor eficacia en el control.

  3. Sancionando el incumplimiento de la normativa de PRL por los sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de la presente ley, con arreglo a lo previsto en el capítulo VII de la misma.

Clasificación de los organismos e instituciones

Destacamos 5 niveles:

  1. Internacional: destacamos a la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Especialmente importante es su faceta de creadores del Derecho Internacional del Trabajo. Habría que destacar igualmente a la Organización Mundial de la Salud (OMS). Su función en la protección de la salud y seguridad de los trabajadores ha sido particularmente útil en los aspectos de asistencia sanitaria y elaboración de directrices para el control y detección de problemas de salud de los trabajadores.

  2. Europeo: el gran número de textos de armonización normativa hizo evidente la necesidad de mejorar la coordinación y la información entre los Estados miembro. Para lograr esta armonización, crea la AESST.

  3. Administración General del Estado: recae sobre ella de forma exclusiva la capacidad reglamentaria, es decir, la regulación de PRL solo compete al Estado, sin posibilidad de desarrollo por parte de las Comunidades Autónomas. El Ministerio de Empleo y Seguridad Social es el principal promotor de la regulación en la materia. Por otro lado, la función de control de la norma compete a la ITSS, si bien desarrollan su labor en ámbitos descentralizados, mantiene su configuración como cuerpo nacional a fin de garantizar la unidad de criterios. También, la sanción administrativa corresponde en su mayor grado a las autoridades centrales del Estado. El INSHT, órgano único especializado de la Administración General del Estado, tiene las funciones de fomento y promoción de la prevención y la responsabilidad de asegurar la coordinación de las distintas políticas públicas, nacionales y autonómicas. Asimismo, dependientes del sistema de la Seguridad Social, se encuentran las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, cuya actuación, en parte, puede ser considerada de carácter público.

  4. Comunidades Autónomas: tienen como misión principal la ejecución de la legislación laboral que la Constitución encomienda a las Comunidades Autónomas. Además, para su cumplimiento, cuentan con la capacidad de dirección, en materia de PRL, de la actividad inspectora. Asimismo, unida a esta capacidad de control, poseen la de sanción administrativa. Las funciones de participación institucional y coordinación son también deseables al nivel de las Comunidades Autónomas, por lo que gran parte de ellas tienen constituidos órganos al efecto.

  5. Administración local: las entidades municipales cuentan con capacidad reguladora en determinados ámbitos, como puede ser el de la protección contra incendios (muchos ayuntamientos poseen ordenanzas municipales al respecto). Además, estas entidades tienen capacidad para exigir el cumplimiento de importantes requisitos de seguridad de instalaciones y locales de trabajo, antes de otorgar la licencia de actividad y, luego, poseen capacidad de inspección y sanción.

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